Informe Rettig El 25 de abril de 1990 el presidente de la República Patricio Aylwin crea por decreto supremo la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyas funciones, carentes de facultades judiciales, se limitan a la investigación del verdadero alcance de las violaciones de derechos humanos en Chile. La comisión es encabezada por el jurista Raúl Rettig, desempeñándose como secretario el abogado Jorge Correa Sutil. Al momento de su constitución se propone cuatro objetivos fundamentales: recibir los antecedentes proporcionados por las posibles víctimas, familiares o representantes de las mismas; reunir y evaluar la información que puedan entregarle las organizaciones de derechos humanos chilenas o internacionales; practicar todas las indagaciones y diligencias que estime necesarias, solicitando incluso antecedentes a autoridades o servicios del Estado; y elaborar un informe final sobre la base de la información recabada. La comisión recibe datos sobre un total de 3.400 casos, calificando como víctimas a 2.279 personas. Las víctimas de los derechos humanos suman 2.115 y las de la violencia política 164, todas con resultado de muerte. El organismo define como formas de violaciones a los derechos humanos la desaparición de personas, ejecuciones y torturas cometidas por agentes del Estado o personas al servicio de éste, así como secuestros y atentados perpetrados contra la vida de particulares bajo pretextos políticos. Luego de finalizada su tarea, la comisión presenta en febrero de 1991 un informe de 1.300 páginas y tres volúmenes denominado Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y conocido como "Informe Rettig". El texto presentado al país el 4 de marzo de 1991, en una emotiva ceremonia, expone los acontecimientos ocurridos en el período comprendido entre 1973 y 1990, evitando expresar visiones interpretativas o juicios valóricos sobre los hechos en cuestión, y privilegiando una visión lo más objetiva y neutral posible. Se describen los métodos de trabajo del grupo, el marco político chileno anterior al 11 de septiembre de 1973, el papel de las instituciones involucradas en actos violatorios a los derechos humanos, así como el marco institucional y legal. El Informe dedica un capítulo a la actividad de los consejos de guerra y otro a la actividad del poder Judicial. Finalmente se exponen, por medio de un listado, e individualmente, los casos de violaciones signados como víctimas. Se describe une forma sintética la historia personal de cada afectado, la situación previa a su desaparición y las circunstancias en que ésta se produce. La contribución más importante del Informe Rettig es haber hecho pública una situación que, hasta ese instante, un sector del país no aceptaba como un hecho de la realidad. Lo anterior posibilita la dignificación de las víctimas. En el plano de las reparaciones contiene una serie de recomendaciones para el futuro, que se materializan en la ley de reparación que da origen a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Esta última entra en funciones el 31 de diciembre de 1996, convirtiéndose más tarde en el Programa de Continuidad, dependiente del Ministerio de Interior.