Una serie de propuestas se han diseñado en los últimos años para tratar de mejorar el clima y la convivencia escolar. Sin embargo, los énfasis siempre han estado en otros ámbitos y los resultados en la materia han sido escasos.

En nuestro país se han propuesto políticas educativas que buscan mejorar la calidad de los aprendizajes tanto académicos como formativos. Se reconoce la importancia de estimular el desarrollo personal, social y ético de los estudiantes, y fortalecer la calidad del clima de trabajo y de convivencia en los colegios.

El conjunto de políticas propone principios para un cambio en la forma tradicional de concebir la convivencia escolar y a los miembros de la comunidad escolar: más participación en un estilo de convivencia democrático; más comprensión de la necesidad de vivir entre diversos, todos iguales en dignidad, respetuosos de las diferencias; más atención al desarrollo personal y de la comunidad.

La generación de estas políticas nos muestran que la preocupación por brindar educación de calidad está muy vigente en nuestro país. Los esfuerzos concretos, sin embargo, han enfatizado el desarrollo de competencias intelectuales por sobre las competencias personales, sociales y éticas. El tema de la convivencia social escolar y la formación socio afectiva y ética han sido relegadas a segundo plano, e invisibilizadas en su impacto en los logros académicos y en la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.

La realidad psicosocial y cultural actual habla de problemas de convivencia, y de fuertes desafíos formativos que emergen del mundo moderno, y que requieren ser abordados también por la escuela. Los nuevos currículum escolares, como respuesta, incluyen a través de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos de las asignaturas, así como a través de los objetivos transversales, contenidos y habilidades que apuntan al desarrollo sociafectivo y ético.

Sin embargo, la invisibilización de los contextos de convivencia y su efecto formador, la tradicional ausencia de formación socio afectiva y ética en la cultura escolar (especialmente en educación media), la ausencia de evaluaciones de estas nuevas dimensiones que relegan lo socio afectivo a un segundo plano, no ha permitido hacerse cargo en la práctica, de estas problemáticas psico-sociales y culturales. Se vuelve perentorio profundizar y complementar las actuales políticas para que se logren sus objetivos.

A continuación describiremos brevemente las principales políticas relacionadas a la promoción de la convivencia y formación integral de los estudiantes, las cuales sirven como marco para comenzar a generar estrategias concretas que permitan llevar a la práctica estos relevantes objetivos educativos.

La Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), dictada el 10 de marzo de 1990, fija los requisitos mínimos que debe cumplir la enseñanza y el rol del Estado en velar por su cumplimiento. En ella se señala este interés por formar niños y jóvenes desde una mirada integral. Este decreto es el que sienta las bases para la definición de tres relevantes políticas educacionales.

La primera en ser dictada, fue la Política de Transversalidad (2001), en la cual se plantea que la educación debe estimular, mediante medidas transversales, el desarrollo pleno de todas las personas. Por ello, se proponen los Objetivos de Formación Transversal, los que se organizan en cuatro ámbitos o áreas generales relacionados al área de la convivencia y formación socioafectiva de los alumnos:

• crecimiento y autoafirmación personal
• desarrollo del pensamiento
• formación ética 
• la persona y su entorno.

Entre las habilidades que se promueve desarrollar, habría habilidades relacionadas con la promoción de una autoestima y confianza en sí mismo, y de un sentido positivo ante la vida. Así también, se incluye la necesidad del desarrollo de habilidades relacionadas con la capacidad de expresar y comunicar opiniones, ideas, sentimientos y convicciones propias, con claridad y eficacia; habilidades para una crítica reflexiva, eficaz; y habilidades de resolución de  problemas, que permitan aprender de las experiencias.   

En la misma línea, también se plantea la importancia de una formación ética, que promueva el reconocimiento, respeto, defensa y actuar acorde a los derechos de todos, a la búsqueda de equidad, libertad, autonomía, justicia y respeto, y valoración de la diversidad. Desarrollando el sentido de la generosidad y solidaridad, en el marco de la justicia y el bien común, promoviendo una participación responsable con la comunidad. 

Por su parte, la Política de Convivencia Escolar (2002), promueve la formación de valores para la convivencia y participación en la comunidad, a través de la formación en valores como el respeto por la diversidad, participación activa en la comunidad, colaboración, autonomía y solidaridad, erradicando las prácticas discriminatorias y abusivas. 

La Política de Convivencia Escolar, enfatiza la importancia de construir normativas de convivencia y procedimientos de resolución pacífica de conflictos para atender a la complejidad y dinamismo de la convivencia de manera óptima y formativa.  Enfatiza la relevancia de construir con normas y límites claros y conocidos por todas y todos los actores, no para eliminar los conflictos -inherentes al acto de vivir con otros y otras-, sino para reducir la arbitrariedad en el manejo de los procedimientos disciplinarios. Visualiza los conflictos como oportunidades de crecimiento tanto para las personas como para el contexto en que se producen, siempre y cuando sean bien abordados, y por ello establece la necesidad de favorecer formas pacíficas de resolución, las cuales requieren del desarrollo de habilidades como la escucha activa, el diálogo, la empatía, la asertividad y colaboración, entre otras, integradas al currículum escolar.

Por último, la Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo (2004), cuyo objetivo central es generar condiciones que favorezcan una relación armoniosa entre la familia y la escuela, y que posibiliten el fomento y el desarrollo de una participación de padres y apoderados, constituyendo Comunidades Educativas en pos del logro de una educación de mayor calidad. Así, queda también vinculada la importancia de la participación ciudadana para el logro de una convivencia democrática.

Estas políticas son muy relevantes porque buscan promover la calidad de la convivencia y formación integral de los estudiantes, sin embargo, se convierten en letra muerta si no logran convertirse en realidades, en planes y estrategias concretas que ayuden a directivos y profesores a estimular el desarrollo de sus comunidades educativas. Los discursos y las visiones son fundamentales, porque nos aportan un “norte”, con objetivos claros a alcanzar, pero luego se hace necesario trabajar, organizarnos y gestionar los planes y programas que nos permitan verdaderamente avanzar en la dirección que queremos.

Tenemos el desafío de pasar de las políticas a la gestión de la convivencia y la formación integral de los estudiantes, desafío que nos compete a todos, autoridades nacionales, comunales, directivos, profesores y padres, cada uno desde su ámbito.

Artículo realizado en base al documento Propuesta Valoras UC:  Potenciación de la política pública de Convivencia Social Escolar en libro “En camino al bicentenario: 12 propuestas para Chile”. Pontificia  Universidad Católica de Chile: Santiago, Chile. 2006. M. Isidora Mena, Neva Milicic, Claudia Romagnoli, Ana María Valdés. Universidad Católica de Chile.
 www.valorasuc.cl

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