Me parece que la frase es apropiada: “la medida mas urgente”, pues la educación se encuentra en la sala de urgencias. Se le han aplicado muchas medidas por muchos años, pero ninguna ha dado resultado. En el estado en que está la educación, hay que tomar un conjunto de medidas de manera sistémica, y una medida sola no basta. Por ello prefiero hablar de una decisión que marca una orientación. Esa decisión es “devolverle la educación a las y los profesores”.

Las y los profesores son los profesionales que hacen la educación. Es una profesión difícil y agotadora. Sin embargo, las políticas de los últimos 30 años se han traducido en una expropiación sistemática del saber de los profesores en el aula. Se ha querido transformarlos en técnicos ejecutantes, en vez de reconocer su papel profesional. Se les ha quitado autoridad, responsabilidad, profesionalismo, para tomar las decisiones que requiere el trabajar en un aula. Éstos atributos han sido entregados a un sistema externo, pensando que la administración externa puede realizar la educación. Por ello mi primera decisión será devolverle la educación a los principales profesionales de la educación: las y los profesores. Ello conlleva muchas acciones, entre otras, entregarles la autoridad, las herramientas, formación y condiciones laborales para que puedan realizar su labor profesional.

Por ejemplo, una cosa es medir y la otra convertir al Simce en la medida de todas las cosas. Una evaluación es para sacar conclusiones y establecer políticas, pero llevamos 30 años de Simce y la verdad es que hoy es más un ranking de las desigualdades que un instrumento de apoyo a la gestión educativa. El problema no es el Simce, eso es un dato, la política educacional es el problema y el ministerio del ramo es un elefante que se mueve con lentitud y torpeza.
En Chile la educación es parte de los privilegios, no de las oportunidades.

Como dice el dicho, tiene que ver con lo urgente y lo importante.

Lo primero sería terminar con la municipalización. La municipalización logró aumentar la cobertura escolar, pero ha demostrado ser incapaz de elevar la calidad de la educación a los niveles y al ritmo que necesitamos hoy. El sistema actual, por otra parte, ha aumentado hasta niveles éticamente inaceptables la segregación socioeconómica del sistema escolar chileno y esto no lo podemos seguir permitiendo.

¿Cómo haríamos esto? Nuestra propuesta es traspasar la administración de los colegios a entidades estatales descentralizadas y que operarán a una escala equivalente a la de los municipios más grandes de los centros urbanos.  Si queremos dar un salto en calidad y en equidad, ha llegado la hora de dejar atrás la municipalización.    

Y lo segundo que es menos estructural pero igualmente urgente sería realizar, a través de la nueva Agencia de Aseguramiento de la Calidad y de la nueva Superintendencia de Educación, la intervención inmediata de los 1.000 peores colegios municipales de acuerdo a la clasificación SIMCE. Y ponernos un plazo de cuatro años para su re-autonomización con los estándares de calidad exigidos, entregando los recursos necesarios para esto. 

Tenemos que conseguir que la educación estatal sea aquella donde todos quieran estar, independiente de los niveles de ingresos de sus familias. Y al mismo tiempo, garantizar niveles de calidad de todo el sistema, incluyendo el particular subvencionado.

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No existen balas de plata. Si de verdad queremos mejorar la calidad y equidad de la educación donde realmente importa, en la sala de clases, requerimos actuar oportuna, eficaz y simultáneamente en al menos cuatro frentes.

Lo primero, debemos duplicar la subvención educacional por alumno en los próximos 8 años. El monto actual de $35.000 definitivamente no alcanza. En nuestro futuro gobierno, pretendemos subir este monto a al menos $55.000, con preferencia para aquellos alumnos provenientes de familias más pobres o vulnerables. De este modo, compatibilizaremos el legítimo derecho de los padres a elegir libremente la escuela o liceo donde estudiarán sus hijos, con el derecho de éstos a recibir una educación de calidad, cualquiera sea su origen social. En segundo lugar, definiremos anualmente, en conjunto con directores y docentes, metas de calidad y plazos para alcanzarlas, que sean ambiciosas pero realistas. Para ello aumentaremos la frecuencia de las mediciones de aprendizaje, cuyos resultados informaremos de manera sencilla y clara a los padres, para que tomen decisiones debidamente informados. A medida que las escuelas alcancen los objetivos trazados, les traspasaremos mayor autonomía, tanto académica como de gestión, a fin de que nuestros profesores puedan volcar toda su vocación, liderazgo y experiencia a la enseñanza de sus alumnos. En tercer lugar, crearemos programas especiales de apoyo para aquellas escuelas con resultados insuficientes. A este respecto, sin embargo, la experiencia nos demuestra que cualquier esfuerzo que pueda hacer el Ministerio de Educación o los Municipios será siempre insuficiente. Es por ello que lanzaremos dos programas: “Comprométete con una Escuela” y “Comprométete con un Niño”, para que fundaciones, empresas y profesionales apoyen con recursos económicos y medios humanos a los establecimientos más pobres o apadrinen a niños de escasos recursos.

Finalmente, promoveremos mejores facultades de educación, aumentaremos los programas de formación continua para profesores y elevaremos los requisitos para ingresar a la nueva carrera docente. Todo esto, junto con una flexibilización del estatuto docente, nos permitirá dignificar la profesión docente y mejorar las condiciones laborales de nuestros profesores.