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Sylvia Eyzaguirre Asesora del ministro de educación. |
Las nuevas exigencias al ingreso de la profesión, el aumento del salario mínimo y la disminución de las horas lectivas, condiciones básicas para garantizar calidad, debieran ser obligatorias para todo el sector subvencionado, como lo establece el actual proyecto de ley. Sin embargo, no creemos que la nueva carrera debiera extenderse de forma obligatoria al sector privado. Ésta viene a reparar algunas de las falencias del actual Estatuto Docente, entregándole mayores atribuciones a los directores en la selección, evaluación y desvinculación de su planta docente, atribuciones que ya tienen los directores de establecimientos particulares.
De esta forma, contribuimos a nivelar la cancha entre ambos tipos de establecimientos. Además, existe consenso en que la rigidez del Estatuto Docente ha sido, en parte, la causa de algunos de los problemas que aquejan a la educación municipal. Extender dicha rigidez al sector particular no contribuye a elevar la calidad de la educación, todo lo contrario. Adicionalmente, a diferencia del sector municipal los profesores de establecimientos particulares subvencionados tienen la posibilidad de negociar colectivamente. Es precisamente por esta razón que en países con sistemas de financiamiento similares al nuestro los estatutos profesionales sólo rigen para los establecimientos públicos y no para los privados.
Por último, buscamos con este proyecto fortalecer la educación pública, flexibilizando el Estatuto Docente y creando una carrera profesional más atractiva, de manera de atraer a excelentes profesionales a la educación municipal. Al ser la educación pública la que fija la vara de calidad de la educación, cualquier impacto que hagamos sobre ella debiera repercutir en el sistema completo. Cabe recordar, que a partir de este segundo semestre contaremos con la nueva Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación, que elevan significativamente las exigencias para los establecimientos escolares, velando por la calidad de la educación, el cumplimiento de las normas que exige la ley y el buen uso de los recursos fiscales.
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Gabriel Gutiérrez Coordinador del área de educación del Centro de Políticas Públicas de la UC. |
Sí. En primer lugar, porque los problemas que afectan al sector municipal se manifiestan casi en la misma proporción al sector particular subvencionado, incluso podría decirse que son equivalentes.
El 81% de los nuevos profesores que ingresan al sector subvencionado viene de instituciones de escasa o nula selectividad y ese porcentaje se distribuye de manera homogénea entre colegios municipales y particulares subvencionados. Los principales factores por los cuales los profesores se retiran del sistema, en tanto, son los mismos en ambos sectores: bajos salarios y excesiva carga laboral. De hecho en el sector municipal se paga levemente mejor. Por todo lo dicho, dado que el problema es sistémico, uno debería pensar en una solución sistémica que abarque a la mayor cantidad de profesores, para atraer y retener a los más efectivos. Una solución que aborda solamente a los establecimientos que atienden a la menor cantidad de estudiantes resulta inevitablemente limitada para los importantes efectos que se esperan de ella.
Las autoridades han declarado que buscan "establecer un desafío" para los establecimientos particulares subvencionados al proponer un proyecto de carrera docente que sólo afecta en todos sus componentes a los establecimientos municipales. La hipótesis es que, en la medida en éstos últimos cuenten con más recursos para atraer a los mejores profesores, los establecimientos particulares subvencionados tendrán que reaccionar y elevar sus salarios para resultar competetivos. Lamentablemente esa idea tiene poco sustento porque lo que nos dicen los datos que provee el propio Ministerio (Ideoneidad Docente) es que el 70% de los nuevos profesores se emplea en sector particular subvencionado, por tanto el eventual flujo de profesores hacia colegios municipales será muy limitado. Tampoco es evidente que los profesores antiguos, regidos por el estatuto docente, renunciarán masivamente al estatuto y entrarían a este nuevo sistema. Para lograr los objetivos de estímulo a la educación pública que el Gobierno dice defender mediante este proyecto, resultaría más útil entregar una mayor subvención al sector municipal respecto del sector particular subvencionado o que, simplemente, ambos recibieran equivalentes beneficios y obligaciones a partir de éste. El proyecto presentado, en cambio, favorece a los establecimientos particulares subvencionados porque le suma beneficios, pero no le agrega ninguna de las obligaciones que le impone al sector municipal. Dado que se trata una cantidad muy importante de recursos que llegarían a los establecimientos educacionales, es conveniente que estos no sean entregados "a cambio de nada" sino que impliquen un compromiso concreto y verificable por parte de los establecimientos en el mejoramiento de la calidad docente.
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